El FSLN fue fundado en 1962 por un grupo de estudiantes universitarios encabezados por Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y Tomás Borge. Éstos recibieron el apoyo del dirigente revolucionario cubano Fidel Castro, ofrecido en parte por el papel que había desempeñado Luis Somoza Debayle en el desembarco de bahía de Cochinos de 1961. A pesar de la influencia de la ideología marxista y leninista, el FSLN no tenía un vínculo directo con el Partido Comunista de Nicaragua. Los sandinistas se oponían a la familia Somoza y a la presión de Estados Unidos sobre Nicaragua, y reclamaban una reforma política y económica radical que condujera a la redistribución de la riqueza y el poder. Su proyecto era respaldado por estudiantes y campesinos, pero fueron derrotados por la Guardia Nacional en las primeras acciones de la guerra de guerrillas, que costaron la vida a Fonseca y Mayorga.
A mediados de la década de 1970, destacados miembros del mundo empresarial y de la Iglesia católica comenzaron a compartir el descontento ya manifestado por otros grupos sociales ante el régimen de Anastasio Somoza Debayle. La mayor parte de la oposición política se unió en un solo frente encabezado por Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en Managua en enero de 1978, probablemente por encargo del propio Somoza. Este acontecimiento provocó desórdenes y manifestaciones contra el gobierno durante semanas, además de una huelga nacional e intentos aislados de levantamientos armados. A pesar de que Somoza mantenía el control, su régimen se tambaleaba y la oposición internacional aumentaba progresivamente. En el mes de agosto, un grupo de comandos sandinistas asaltó el Palacio Nacional de Managua y tomó como rehenes a varios miembros del Congreso nicaragüense. Los sandinistas negociaron la liberación de varios prisioneros del FSLN y solicitaron un rescate, la publicación de su llamada a la rebelión y un salvoconducto para que los integrantes del comando abandonaran el país.
El éxito de la incursión sandinista alentó a las fuerzas contrarias a Somoza y estallaron levantamientos en todo el país. Las fuerzas somocistas aplastaron estas rebeliones con gran brutalidad, bombardeando incluso objetivos civiles. Estas operaciones fueron la causa de que cientos de nicaragüenses se unieran al FSLN y de que aumentara la presión internacional para encontrar una solución negociada al conflicto. Al tiempo que Estados Unidos impuso ciertas sanciones económicas a Somoza, Costa Rica, Venezuela y Panamá brindaron su apoyo a los sandinistas.
La lucha se reanudó en mayo de 1979: los sandinistas anunciaron una ofensiva final e hicieron una llamada a la rebelión nacional. En esta ocasión, la Guardia Nacional no consiguió controlar la situación y los rebeldes se apoderaron de numerosas zonas del país. Se produjeron batallas en las principales ciudades, como León, Masaya y Managua, donde los aviones de la Guardia Nacional bombardearon los barrios en los que la población apoyaba a los sandinistas. La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión de emergencia para pedir a Somoza que abandonara el poder y rechazó el ofrecimiento de Estados Unidos de enviar fuerzas de paz a Nicaragua. Cuando la capital del país, Managua, se encontraba rodeada por las tropas revolucionarias, Somoza abandonó el país y la Guardia Nacional, tan poderosa en otros tiempos, quedó desarticulada. El 19 de julio, los sandinistas entraron en Managua y se hicieron con el control en Nicaragua.
EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO
La dirección del nuevo gobierno sandinista estuvo en manos de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional compuesta por cinco miembros y elegida por el FSLN. Su presidente (coordinador) fue el comandante sandinista Daniel Ortega Saavedra, e incluía además a otros dos sandinistas (el escritor Sergio Ramírez y Moisés Hassan) y a dos miembros independientes: el empresario Alfonso Robelo Callejas y Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro. Se constituyó un gobierno integrado en su mayoría por políticos independientes. No obstante, no tardó en ponerse de manifiesto que el poder real no se hallaba en manos del gobierno oficial, sino de los nueve comandantes sandinistas que integraban el Directorio Nacional del FSLN. Robelo y Violeta Chamorro abandonaron la Junta al cabo de un año. El Consejo de Estado se reorganizó de manera que los sandinistas constituyeran mayoría. Las elecciones fueron aplazadas, se impusieron restricciones a los medios de comunicación y aumentó la tensión en las relaciones con la Iglesia católica. Robelo y Chamorro fueron sustituidos por dos políticos independientes que contaban con escaso poder dentro de la junta; empeoraron asimismo las relaciones del gobierno con los partidos de la oposición y los empresarios del sector privado.
El gobierno sandinista que se hizo con el poder en 1979 heredó un país con numerosos problemas. La guerra con Somoza había provocado 50.000 víctimas; cientos de miles de ciudadanos habían perdido sus hogares o se habían refugiado en los países vecinos, y muchas zonas de la nación se hallaban en ruinas. Los daños provocados por la guerra habían destrozado la economía, a lo que había que añadir la gran deuda exterior de 1.600 millones de dólares; numerosos profesionales liberales y empresarios habían abandonado el país, en donde escaseaban los alimentos y el combustible, las condiciones sanitarias eran ínfimas y existía un elevado índice de pobreza y analfabetismo.
La autodenominada Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional puso en marcha la recuperación económica, creó una nueva estructura política y mejoró la situación social, especialmente la de los grupos más necesitados. Las autoridades confiscaron inmediatamente todos los bienes de Somoza y sus seguidores, incluidas las empresas y tierras. No obstante, se comprometieron a respetar la propiedad privada, los derechos humanos y a seguir una política de no alineación, independiente de la influencia tanto de Estados Unidos como de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En sus primeros momentos, el gobierno recibió gran cantidad de ayuda internacional de muchos países, incluido Estados Unidos.
El gobierno desempeñó un importante papel en la dirección de la economía bajo el régimen sandinista. Intentó crear un tipo de sistema que compaginara la iniciativa privada con las empresas públicas propias de una economía socialista. La mayor parte de las tierras y los negocios permanecieron en manos del sector privado, excepto los que pertenecían a la familia Somoza. Sin embargo, las medidas adoptadas por los sandinistas imponían restricciones sobre la utilización de los bienes, lo que provocó la oposición de muchos empresarios. El gobierno se hizo con el control de los bancos y del comercio exterior.
Los sandinistas iniciaron una reforma agraria global para redistribuir entre los pequeños granjeros y trabajadores del campo algunas grandes fincas y las tierras arrebatadas a los partidarios de Somoza. Este programa también incluía la creación de granjas estatales y cooperativas.
La mejora del sistema educativo y sanitario fue una de las prioridades del gobierno a principios de la década de 1980, especialmente en las zonas rurales y pobres que habían carecido de servicios mínimos durante el régimen de Somoza. Se lanzó una campaña de alfabetización nacional en 1980 y el analfabetismo se redujo desde el 50% —uno de los más altos índices de esta región— hasta aproximadamente el 13%, un logro que obtuvo el reconocimiento internacional. Se incrementó el presupuesto de educación y aumentó espectacularmente el número de escuelas, profesores y estudiantes. La asistencia sanitaria pública se extendió a todo el país; se levantaron hospitales y clínicas, y las campañas de vacunación contaban con la colaboración de brigadas de voluntarios. La tasa de mortalidad infantil y de enfermedades disminuyó significativamente.
La Revolución convirtió a Nicaragua en un foco de atención internacional implicado en las tensiones entre los países comunistas y no comunistas propias de la Guerra fría. Cuba envió a Nicaragua maestros y asistentes sanitarios, pero también asesores militares. La URSS también envió ayuda, al igual que muchos países de Europa Occidental y de la Europa del Este. La mayoría de los estados latinoamericanos apoyaron la lucha contra la familia Somoza, pero las relaciones comenzaron a enfriarse cuando el gobierno adoptó una política más izquierdista y la violencia revolucionaria se extendió a otros lugares de Centroamérica. La acusación de que los sandinistas apoyaban a la guerrilla que combatía en El Salvador provocó un gran escándalo a finales de 1980.
Después de la Revolución, el gobierno estadounidense presidido por el demócrata Jimmy Carter envió ayuda a Nicaragua y realizó un esfuerzo por colaborar con el nuevo régimen, a pesar de la oposición del Congreso. Sin embargo, algunos funcionarios estadounidenses encontraron cada vez más preocupantes los vínculos del FSLN con Cuba y la URSS, así como la ideología marxista-leninista de muchos líderes sandinistas. La política de ayuda de Estados Unidos concluyó, sin embargo, debido al agravamiento del conflicto de El Salvador, protagonizado por la guerrilla y el gobierno (respaldado este último por las autoridades estadounidenses), y a la elección del republicano Ronald Reagan, anticomunista acérrimo, como presidente de Estados Unidos en 1980. A partir del momento en el que Reagan tomó posesión de su cargo en 1981, el objetivo de su gobierno fue aislar a Nicaragua y apoyar a los rebeldes (contra) que intentaban derrocar a las autoridades sandinistas.
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